La Asociación Latinoamericana de Planificadores Urbanos, Capítulo Costa Rica (ALPU-CR), junto con el Programa de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (PROGOT-UNA), en el marco del acuerdo firmado entre ambas organizaciones para ampliar las alianzas con el sector académico y promover la investigación, el intercambio de información y experiencias, así como la difusión de trabajos relacionados con la planificación urbana y el ordenamiento territorial, la organización de seminarios, talleres, consultorías y programas de capacitación sobre temas relacionados con el planeamiento urbano, la ordenación territorial y los mecanismos de ordenación territorial; llevó a cabo el Seminario de Derecho Urbano: Desafíos y soluciones para la ciudad del mañana: una visión desde el derecho urbano, los días 2, 3 y 4 de junio de este año.

El formato del seminario se definió como un curso intensivo de tres mañanas, con conferencias magistrales por las tardes abiertas al público, de modo que hubiera oportunidades para la participación de estudiantes y grupos de la sociedad civil interesados en formarse en estos temas.
Participaron tres expertos internacionales: la Dra. Marta Lora, profesora de Derecho Administrativo en la UNED, España; la Dra. Claudia Acosta, coordinadora del eje de Vivienda y Urbanismo en el centro de investigación de la Fundación Getulio Vargas, Brasil; y el Dr. Arturo Mejía, doctor en Jurisprudencia y asesor jurídico del Municipio de Quito, ministro y consejero de la Presidencia. También participaron tres ponentes nacionales: Marcela Román, especialista en Economía Urbana, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica; Lidia Orias, profesora e investigadora de la Universidad Nacional-PROGOT; y Jessica Martínez, especialista en mercados, políticas territoriales y desarrollo urbano sostenible, profesora universitaria, vicepresidenta de ALPU América Latina.

Las conclusiones generales al final del evento se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Existe un claro interés por comprender mejor el alcance de los derechos de propiedad en los actos administrativos (certificados de uso del suelo, licencias, permisos de desarrollo urbano, etc.) y en los instrumentos de planificación del uso del suelo.
2. Existe preocupación por el desarrollo no planificado y la falta de planificación que se está produciendo tanto en las zonas urbanas como en las regiones costeras y montañosas.
3. Las regulaciones sobre subdivisiones y condominios promueven una ciudad fragmentada, con déficits en el espacio público y falta de terreno para instalaciones públicas y redes viales. La configuración morfológica promovida por las regulaciones ha permitido un modelo de ocupación extendida que también afecta la movilidad en la Gran Área Metropolitana (GAM) y ha fomentado la construcción en zonas propensas a riesgos.
4. Las regulaciones especiales de planificación urbana no siempre están coordinadas, teniendo en cuenta los diferentes niveles de gobierno y escalas, así como los marcos políticos. Es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios responsables de estos procesos en las instituciones. Se recomienda una formación especializada en Derecho Urbanístico.
5. Existe una cartera de terrenos públicos en la capital que debe gestionarse para mejorar su uso y satisfacer la demanda de viviendas e instalaciones que requiere la ciudad.
6. Desde la perspectiva del derecho comparado, las regulaciones costarricenses son proactivas, pero su ejecución es totalmente reactiva, ya que no existe la obligación de crear e implementar planes. Se puede decir que hay proactividad administrativa y reactividad fiscal.
7. Se promovió un espacio para el diálogo, el intercambio y la reflexión sobre la necesidad de mejorar el marco regulatorio actual y estudiar casos exitosos en otras ciudades latinoamericanas e iberoamericanas, así como desarrollar capacidades entre los responsables de la toma de decisiones para orientar mejor el crecimiento y el desarrollo de las ciudades.